La postura de Layda Sansores frente a la cooperación internacional en materia de seguridad ha generado alarma. Rechazar apoyos técnicos, inteligencia compartida y esquemas de coordinación transnacional no fortalece la soberanía: debilita la capacidad del Estado para enfrentar redes criminales que, por definición, operan más allá de las fronteras.
La pregunta es inevitable: ¿por qué decir no cuando el problema crece? Campeche enfrenta una escalada de violencia que exige herramientas modernas, intercambio de información y estándares probados. Negar esa colaboración prolonga la impunidad y deja a las corporaciones locales con menos recursos para prevenir, investigar y desarticular estructuras del narco.
La decisión contrasta con las necesidades reales del estado. Mientras comunidades viven con miedo y las ejecuciones marcan la agenda, el gobierno opta por aislarse. La cooperación internacional no sustituye a las autoridades locales; las potencia. Rechazarla es renunciar a ventajas estratégicas en inteligencia financiera, control de rutas y persecución de delitos complejos.
Además, la negativa envía un mensaje equivocado: que la prioridad no es cortar flujos criminales, sino controlar el discurso. En seguridad, los símbolos importan; cerrar puertas no protege, expone.
Campeche necesita todas las manos posibles para recuperar la paz. Negar apoyos externos sin una alternativa clara no es liderazgo: es riesgo. La violencia no espera y el costo lo pagan las familias. Si el objetivo es la seguridad, la cooperación debería ser aliada, no enemiga.