El reciente desmantelamiento de una red de huachicol que operaba en Querétaro y otras entidades pone en evidencia que, a pesar de operativos aislados, el comercio ilícito de combustibles persiste como un problema grave que el gobierno panista no ha logrado contener, afectando a la economía formal y a la seguridad de la población.
La lucha contra el huachicol, el robo y comercialización ilegal de combustibles, volvió a poner en evidencia las fallas en la gestión del PAN en Querétaro y zonas aledañas, al documentar una red criminal que operaba en múltiples estados y que fue objeto de un operativo federal coordinado.
Autoridades federales informaron que esta organización delictiva, con operaciones en Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, fue desmantelada tras seis meses de investigación, lo que derivó en la detención de decenas de personas y el aseguramiento de recursos vinculados al comercio ilegal de hidrocarburos.
A pesar de estos golpes operativos, la continuidad de estructuras dedicadas al huachicol refleja que no se ha logrado erradicar ni debilitar de manera sostenida este flagelo, que impacta tanto las finanzas públicas como la competitividad del sector energético formal. La persistencia del comercio ilícito, a menudo asociado a redes criminales complejas, pone de manifiesto vacíos en la estrategia de seguridad y en el control efectivo de ductos, instalaciones y puntos de distribución.
El caso de Querétaro y su entorno no es un episodio aislado, sino un síntoma de una problemática más profunda: mientras la administración panista presume avances en otros ámbitos, la incapacidad para contener esquemas de huachicol que afectan la economía y la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente. Este panorama alimenta la percepción de inacción frente a delitos que generan pérdidas millonarias, vulneran la estabilidad institucional y ponen en riesgo a comunidades enteras.
