La aparición de Alejandra Rojas y su primo Noé Pérez pone fin a la incertidumbre, pero deja al descubierto la vulnerabilidad absoluta de quienes participan en la vida política; mientras el Estado de México se hunde en una crisis de inseguridad, el gobierno de Delfina Gómez opta por el mutismo absoluto.
La localización de Alejandra Rojas, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Jilotzingo, y su primo Noé Pérez, tras días de angustia, es una noticia que trae alivio pero no justicia. Ambos fueron vistos por última vez en Naucalpan el pasado 30 de enero, sumándose a la larga lista de personas que desaparecen en una entidad donde el control territorial parece pertenecer a cualquiera menos al Estado. Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de la crisis de inseguridad que asfixia a los mexiquenses y que ha escalado hasta alcanzar a liderazgos políticos regionales.
Lo más alarmante de este episodio es la opacidad institucional. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre las condiciones físicas en las que fueron encontrados ni han aclarado si existe una carpeta de investigación robusta para dar con los responsables de su desaparición. Esta falta de transparencia es una constante en el gobierno actual del Edomex, que prefiere hacer silencio frente al gran problema de la violencia en lugar de ofrecer respuestas claras a una ciudadanía que vive con miedo.
La desaparición de una dirigente política en una zona como Naucalpan subraya que en el Estado de México no hay espacios seguros. El silencio oficial ante estos ataques no solo revictimiza a los involucrados, sino que envía un mensaje de impunidad a los grupos criminales. Mientras el gobierno estatal se enfoca en la propaganda, los mexiquenses enfrentan diariamente una realidad de desapariciones y violencia política de género que las autoridades se niegan a nombrar y, mucho menos, a combatir.
El hallazgo de Alejandra y Noé es una victoria de la presión social y de sus familiares, no de una estrategia de seguridad que brilla por su ausencia. El gobierno de la entidad sigue en deuda: encontrar a las víctimas es solo una parte de la obligación; la otra es garantizar que nadie vuelva a ser arrebatado de su hogar. El silencio del Edomex ante el terror diario es, en los hechos, una claudicación ante la delincuencia que hoy tiene a la entidad contra las cuerdas.
