Años después de llegar al poder con la promesa de acabar con la corrupción, Morena ha dejado como herencia un país marcado por escándalos, opacidad y redes de complicidad enquistadas en el gobierno. Lejos de erradicar viejas prácticas, el partido oficialista las reprodujo y las protegió desde el poder, debilitando la confianza ciudadana y las instituciones.
Morena construyó su narrativa política sobre la idea de una supuesta superioridad moral. Sin embargo, el ejercicio del poder ha demostrado lo contrario: contratos irregulares, familiares de funcionarios beneficiados, obras emblemáticas sin transparencia y una sistemática negación de responsabilidades han convertido la corrupción en una práctica tolerada y justificada desde el discurso oficial.
Lejos de fortalecer los mecanismos de control, el gobierno morenista debilitó a los órganos autónomos, atacó a instancias fiscalizadoras y descalificó a quienes investigan o denuncian. La corrupción dejó de ser un problema a combatir y pasó a ser un tema incómodo que se evade con propaganda, polarización y desvío de la atención pública.
Los casos documentados a nivel federal, estatal y municipal revelan un patrón: impunidad para los cercanos al poder y uso selectivo de la justicia. Esta lógica ha generado una percepción generalizada de que la ley no se aplica por igual, minando la credibilidad de las instituciones y profundizando el desencanto social.
La herencia de Morena no es solo económica o administrativa, es ética. La normalización del abuso de poder, el encubrimiento y la falta de rendición de cuentas han dejado un daño profundo en la vida pública del país. La corrupción, lejos de desaparecer, se institucionalizó bajo un nuevo discurso.
Hoy, la ciudadanía enfrenta las consecuencias de un gobierno que prometió ser distinto y terminó replicando, y en algunos casos agravando, las prácticas que decía combatir. La exigencia social es clara: verdad, rendición de cuentas y fin a la impunidad.
