En un país que clama por austeridad, los Ministros de la Suprema Corte finalmente rompen el silencio sobre sus ingresos, declarando sueldos que superan los 130 mil pesos mensuales; sin embargo, la opacidad persiste en sus patrimonios reales y deudas millonarias que los mantienen atados a la banca privada.
La transparencia en el Poder Judicial sigue siendo un ejercicio de claroscuros que no termina de convencer a la ciudadanía. Recientemente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon percibir un salario neto mensual que oscila entre los 130 y 133 mil pesos. Si bien esta cifra busca alinearse con el discurso de moderación salarial frente al Estado, el monto sigue resultando estratosférico para la realidad de millones de mexicanos que exigen una justicia que no cueste tanto y que entregue resultados tangibles en lugar de excusas presupuestales.
Sin embargo, el verdadero problema no es solo lo que ganan, sino lo que ocultan. Mientras algunos ministros intentan mostrar una cara de apertura, otros como Hugo Aguilar han decidido mantener sus bienes inmuebles bajo llave, negándose a hacer pública la lista de sus propiedades. Esta falta de rendición de cuentas alimenta la sospecha de que la riqueza acumulada desde la silla de la justicia no siempre resiste el escrutinio público, dejando un vacío de información que contradice los principios de máxima publicidad que ellos mismos deberían defender desde el máximo tribunal.
A la opacidad patrimonial se suma una vulnerabilidad financiera preocupante: la dependencia de los ministros con la banca privada. Diversas declaraciones revelan que varios integrantes de la Corte mantienen deudas e hipotecas vigentes, incluyendo créditos que alcanzan los 4 millones de pesos. Que un juez de última instancia tenga compromisos financieros de tal magnitud con instituciones bancarias enciende las alarmas sobre posibles conflictos de interés, pues son estos mismos bancos los que frecuentemente litigan casos millonarios ante la Suprema Corte, poniendo en tela de juicio la imparcialidad de quienes deben decidir sin presiones externas.
Es vergonzoso confirmar que, mientras el país transita hacia una supuesta “transformación” judicial, los ministros sigan operando bajo un esquema de privilegios y opacidad. Un sueldo de más de 100 mil pesos debería ser suficiente para garantizar una vida digna y libre de compromisos con el sector financiero; no obstante, el panorama actual nos muestra a ministros endeudados con la banca y reacios a transparentar su patrimonio. En la Corte, la justicia parece seguir teniendo un precio muy alto, y los ciudadanos seguimos pagando por una transparencia que solo se entrega a cuentagotas.
