Lejos de erradicar la corrupción, los gobiernos de Morena la han convertido en una constante del ejercicio público. Escándalos, redes de complicidad y opacidad en el uso de recursos marcan una administración que prometió cambio y terminó replicando y agravando las viejas prácticas que decía combatir.
La corrupción se ha convertido en un sello recurrente de los gobiernos de Morena, que han fallado en cumplir su principal promesa: limpiar la vida pública del país. Casos documentados de desvío de recursos, contratos irregulares, tráfico de influencias y protección política a funcionarios señalados se acumulan sin consecuencias reales.
Lejos de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, el oficialismo ha debilitado instituciones clave, ha reducido la supervisión autónoma y ha concentrado el poder, creando un entorno propicio para la impunidad. En este modelo, la lealtad política pesa más que la legalidad y la transparencia.
La narrativa anticorrupción se ha usado como discurso, no como política pública. Mientras se acusa al pasado, en el presente se repiten prácticas como el uso discrecional del presupuesto, la opacidad en megaproyectos y el encubrimiento sistemático de funcionarios cercanos al poder, sin investigaciones serias ni sanciones ejemplares.
Este escenario no solo erosiona la confianza ciudadana, también debilita al Estado y normaliza el abuso como forma de gobierno. La corrupción no es un error aislado, es un patrón que hoy define a un régimen que convirtió la impunidad en método y el discurso moral en coartada.
