Señalamientos sobre posibles esquemas de “huachicol fiscal”, evasión y simulación en el pago de impuestos vinculados a combustibles, han puesto en entredicho el compromiso anticorrupción de Morena.
El llamado “huachicol fiscal” alude a prácticas como subvaluación de importaciones, facturación simulada, clasificación arancelaria indebida y omisión del IEPS e IVA en la comercialización de combustibles, generando un boquete recaudatorio y competencia desleal.
Especialistas han advertido que estos esquemas requieren redes de facilitación administrativa y vacíos de supervisión, lo que abre cuestionamientos sobre la eficacia de los controles y la trazabilidad en aduanas, almacenamiento y distribución.
Mientras el discurso oficial presume combate frontal al robo de combustible, los señalamientos sobre evasión tributaria en la cadena energética reactivan el debate sobre fiscalización efectiva, interoperabilidad de padrones y auditorías en tiempo real.
Analistas sostienen que, si no se fortalecen los mecanismos de verificación, incluyendo cruces aduanales, monitoreo volumétrico y fiscalización de facturación electrónica, el impacto puede traducirse en pérdidas millonarias para el erario y distorsiones en el mercado.
La controversia coloca en el centro la necesidad de transparencia, sanciones ejemplares y coordinación interinstitucional para evitar que el “huachicol” migre del ducto a la contabilidad.
