La muerte de dos niñas haitianas en el albergue “Casa Pato”, adscrito al Sistema DIF Oaxaca, desata cuestionamientos directos sobre la responsabilidad del gobierno estatal y la seguridad en centros de asistencia social bajo custodia oficial.
La muerte de dos niñas gemelas de origen haitiano dentro del albergue migrante “Casa Pato”, en el estado de Oaxaca, no puede ni debe tratarse como un accidente aislado. Se trata de un hecho ocurrido dentro de un Centro de Asistencia Social que forma parte del Sistema DIF estatal, es decir, bajo responsabilidad directa de una estructura gubernamental.
Cuando menores de edad, en condición de movilidad humana, pierden la vida dentro de un espacio que debía garantizar su protección, el problema no es circunstancial: es institucional.
El albergue “Casa Pato” opera bajo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Oaxaca. El DIF estatal está encabezado por su Presidenta Honoraria, Irma Bolaños Quijano, mientras que el gobierno del estado es encabezado por el gobernador Salomón Jara Cruz, emanado de Morena. La responsabilidad política y administrativa no puede diluirse.
Las versiones señalan que las menores cayeron a una cisterna dentro de las instalaciones. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que en un centro de resguardo infantil exista acceso libre a una estructura de alto riesgo? En espacios donde habitan niñas y niños, los protocolos de seguridad deben ser estrictos, permanentes y supervisados. Si fallaron, hubo omisión. Y si hubo omisión, hay responsabilidad.
No es menor que se trate de niñas migrantes afrodescendientes en situación de vulnerabilidad. El Estado mexicano, a través de sus instituciones de asistencia social, tiene la obligación legal de garantizar su vida e integridad. Un albergue del DIF no es una estancia privada; es un espacio bajo custodia pública.
El argumento de que fue un “accidente” no cancela la exigencia de rendición de cuentas. En materia de niñez, la prevención es obligatoria. Las instalaciones deben cumplir estándares técnicos de seguridad, supervisión permanente, señalización, restricción de acceso a zonas de riesgo y protocolos de emergencia. Si dos menores pudieron caer en una cisterna, el sistema falló en cadena.
Y la pregunta que hoy queda abierta es aún más grave: si dos niñas murieron dentro de ese albergue, ¿qué garantías tienen el resto de las niñas y niños que permanecen ahí? ¿Cuántos otros espacios operan en condiciones similares?
La tragedia obliga a revisar no solo responsabilidades individuales, sino el funcionamiento completo de los Centros de Asistencia Social en Oaxaca. La Fiscalía estatal deberá deslindar responsabilidades penales y administrativas, pero el gobierno no puede limitarse a esperar resultados judiciales para asumir su parte política.
Cuando el Estado asume la custodia de menores, asume también el deber absoluto de protegerlos. Si un espacio gubernamental destinado a brindar resguardo termina siendo escenario de muerte, no estamos ante una falla menor: estamos ante una crisis de supervisión institucional.
No es posible normalizar que niñas bajo resguardo oficial pierdan la vida por condiciones de riesgo prevenibles. La protección de la infancia no admite discursos, admite resultados.
