La reforma en materia de vivienda aprobada en la Cámara de Diputados abre una discusión que va mucho más allá de facilitar el acceso a una casa. En apariencia, el cambio permite que Infonavit y Fovissste participen directamente en la construcción y administración de vivienda, pero en el fondo modifica el papel del Estado en el manejo del ahorro de los trabajadores.
El punto clave es que estas instituciones ya no solo financiarían créditos, sino que podrían crear filiales para comprar terrenos, construir y gestionar proyectos habitacionales. Esto implica que el gobierno no solo regula, sino que también se convierte en actor dentro del mercado, lo que cambia las reglas de operación de manera significativa.
Ahí es donde surge la preocupación principal, porque la oposición ha advertido que los recursos para estos proyectos podrían provenir de las subcuentas de vivienda. Es decir, el ahorro individual de los trabajadores podría utilizarse para financiar desarrollos administrados por el propio Estado, lo que introduce un riesgo directo sobre el patrimonio.
Este movimiento no es aislado, responde a una lógica más amplia dentro del gobierno de Morena, donde se busca concentrar decisiones económicas bajo control institucional. La narrativa de bienestar se mantiene, pero en la práctica se amplía la capacidad del Estado para intervenir en recursos que antes eran individuales.
El problema no es construir vivienda, sino redefinir quién decide sobre el dinero y en qué condiciones. Cuando el ahorro deja de ser completamente individual y entra en una lógica de gestión estatal, el equilibrio cambia, y ese es el punto que comienza a generar inquietud.
