Mientras condicionan fondos públicos para actos políticos, el estado se hunde en violencia y encabeza el ranking de alcaldes ejecutados
En Michoacán, bajo el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, Morena convirtió los recursos públicos en herramienta de presión política. Fondos como el FAEISPUM no se asignan con base en necesidades, sino en lealtades: alcaldes denuncian que deben organizar eventos, movilizar gente y prestar su estructura para promover a funcionarios estatales si quieren acceder a dinero que legalmente les corresponde.
La lógica es directa: si hay evento, hay recurso; si no, hay castigo. El gobierno de Bedolla administra el presupuesto como instrumento político, condicionando obras y frenando proyectos municipales. Mientras tanto, desde Morena se insiste en una narrativa de institucionalidad que no coincide con lo que ocurre en los municipios.
El escenario se agrava por la violencia. Michoacán ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de autoridades municipales: siete alcaldes ejecutados entre 2021 y 2026 durante administraciones de Morena. Más que una estadística, es evidencia de un estado rebasado.
Los nombres lo confirman: Enrique Velázquez, César Valencia, Yolanda Sánchez, Carlos Manzo. Partidos distintos, mismo desenlace. Gobernar en Michoacán implica un riesgo real, mientras el gobierno estatal ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad.
Aun así, la prioridad no parece ser la seguridad. Bajo el mando de Bedolla, Morena se concentra en la operación política, condiciona recursos y busca controlar la narrativa, mientras la violencia sigue creciendo. La pregunta ya no es si fallaron, sino cuánto más puede sostenerse un gobierno que administra el poder, pero no protege a su gente.
