Se exige esclarecer una investigación que involucra a autoridades municipales y el manejo de recursos públicos en el Estado de México
En el Estado de México se ha encendido una nueva alerta tras una investigación que vincula a la actual alcaldesa y a su cuñada, expresidenta municipal, con una operación relacionada con terrenos ejidales en San Francisco Chiltipan. El caso ha generado preocupación por la falta de información clara y por el silencio de las autoridades encargadas de dar seguimiento a la carpeta de investigación.
El PRI Estado de México, denuncia señala que no existe claridad sobre el avance del caso, ya que ni la Fiscalía ni el gobierno han informado públicamente qué ocurrió con la investigación. Esta ausencia de respuestas ha incrementado las dudas sobre el manejo institucional del expediente y ha fortalecido la percepción de opacidad en torno al caso.
De acuerdo con información de carácter público, se habrían transferido 38.5 millones de pesos a una asociación civil para la supuesta compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales. Sin embargo, uno de los elementos más delicados es que dichos terrenos no contaban con escritura pública, lo que pone en entredicho la legalidad de la operación.
El señalamiento apunta a la necesidad de una revisión exhaustiva del uso de recursos públicos, especialmente cuando se trata de bienes ejidales que requieren procesos legales estrictos. La falta de documentación formal en la propiedad abre la puerta a cuestionamientos sobre la transparencia y el destino del dinero involucrado.
En este contexto, se exige que las autoridades estatales y de procuración de justicia informen con precisión el estado de la investigación y aclaren si existen responsabilidades administrativas o penales. La incertidumbre actual alimenta la desconfianza ciudadana y mantiene el caso en el centro del debate público.
Finalmente, la exigencia es clara: transparencia total, investigación a fondo y cero impunidad. El manejo de recursos públicos y la compraventa de terrenos sociales no pueden quedar envueltos en silencio institucional ni en procesos sin resolver.