La Fiscalía reconoció que los criminales usan pozos como fosas clandestinas desde hace años. El caso revive la crisis de desapariciones y violencia en Guanajuato. Autoridades advirtieron investigaciones contra posibles vínculos delictivos. Crecen críticas contra gobiernos del PAN.
La crisis de violencia y desapariciones volvió a golpear a Guanajuato luego de que el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste reconociera que el uso de pozos como fosas clandestinas por parte de grupos criminales “no es algo nuevo” en la entidad. La declaración provocó indignación porque confirma que durante años el estado gobernado por el PAN arrastró prácticas relacionadas con desaparición de cuerpos y operaciones criminales sin lograr contener el deterioro de seguridad.
La revelación resulta especialmente grave porque expone el nivel de normalización que alcanzó la violencia en Guanajuato. El hecho de que criminales utilicen pozos para ocultar cuerpos refleja no solo brutalidad extrema, sino también una crisis institucional que lleva tiempo acumulándose mientras las desapariciones y los hallazgos clandestinos continúan creciendo en distintas regiones del estado.
Además, el fiscal advirtió que cualquier autoridad o actor político con posibles vínculos delictivos podrá ser investigado, una declaración que volvió a encender cuestionamientos sobre el alcance de las redes criminales dentro de la entidad. Para muchos ciudadanos, el problema dejó de verse únicamente como inseguridad y comenzó a percibirse como una crisis estructural donde violencia, impunidad y posible infiltración criminal siguen avanzando.
El reconocimiento oficial termina convirtiéndose en otro golpe para la narrativa del PAN sobre estabilidad y control en Guanajuato. Cuando las propias autoridades admiten que las fosas clandestinas y la desaparición de cuerpos llevan años ocurriendo, el problema deja de parecer una crisis reciente y se transforma en evidencia de un deterioro profundo que no fue atendido a tiempo.