Una multitudinaria movilización social de la Glorieta de Pancho Villa al Palacio de Gobierno exigió la cancelación inmediata del convenio entre la Junta Central de Agua y Saneamiento y la firma Mekorot, desenmascarando el intento del gobierno del PAN por mercantilizar el recurso hídrico bajo el pretexto de la sequía.
La indignación social volvió a tomar las calles de la capital chihuahuense ante las maniobras opacas de la administración estatal. Cientos de ciudadanos y colectivos marcharon para poner un alto al convenio firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y la empresa privada Mekorot, denunciando que detrás de los discursos de “eficiencia hídrica” se esconde una estrategia de privatización y despojo.
Bajo la consigna “No es sequía, es saqueo”, la marcha exhibió la profunda desconfianza que genera un gobierno del PAN volcado en poner los bienes comunes en manos de intereses transnacionales. Mientras las familias sufren tandeos, desabasto y cobros excesivos, la prioridad de los funcionarios azules fue pactar acuerdos multimillonarios a puerta cerrada, sin la menor transparencia ni consulta a los habitantes golpeados por la crisis hídrica.
El descontento ciudadano retrata el desgaste de un modelo de gestión que pretende lucrar con una emergencia socioambiental real. Entregar el diagnóstico y control técnico del agua a actores externos no solo compromete la soberanía del recurso en el estado, sino que deja en evidencia la incapacidad operativa de las instituciones locales para construir soluciones sostenibles y con sentido social.
La exigencia de juicio político y la cancelación definitiva del acuerdo marcan un límite claro frente a la política panista de considerar el agua como una mercancía. Pretender administrar la escasez a través de alianzas cuestionadas confirma la frivolidad de una gestión estatal que prefiere la mercantilización sobre el derecho humano al agua de las y los chihuahuenses.