Una red de corrupción que une a militares, funcionarios civiles y el Cártel Jalisco pone en jaque la soberanía de los puertos y fronteras más importantes de México.
La estrategia de entregar las aduanas al control militar para “limpiar la corrupción” ha resultado en un fracaso estrepitoso y peligroso. Un documento interno de la Secretaría de Marina (SEMAR) ha filtrado la existencia de una red criminal profundamente enquistada que vincula directamente a funcionarios civiles y mandos militares con operaciones de contrabando al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta estructura no solo facilita el paso de mercancía ilegal, sino que compromete la seguridad nacional al poner los puntos de entrada estratégicos del país a disposición del grupo criminal más violento de México.
La red de complicidades no es periférica; opera en el corazón logístico de la nación. Los informes señalan actividades ilícitas coordinadas en puntos neurálgicos como:
- Puertos de altura: Lázaro Cárdenas y Manzanillo, las principales puertas del Pacífico para precursores químicos.
- Frontera Norte: Nuevo Laredo y Nogales, epicentros del flujo comercial y de armas hacia Estados Unidos.
- Conectividad aérea: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el control de carga parece haber sido vulnerado desde adentro.
Lo más indignante de este escándalo es la parálisis institucional. A pesar de que la propia Marina posee las pruebas de esta colusión entre el Estado y el narcotráfico, no se ha llegado al fondo del caso ni se han desarticulado las cabezas de esta red. Esta omisión sugiere que la corrupción ha escalado a niveles donde la justicia se detiene por conveniencia política o por el miedo a exhibir la pudrición dentro de las fuerzas armadas que hoy administran la infraestructura estratégica del país.
México no puede permitirse que sus aduanas sean la caja chica del crimen organizado con la venia de quienes juraron defender la patria. La existencia de este documento es un ultimátum para el Gobierno Federal: o se procede penalmente contra los militares y civiles involucrados, o se acepta que la soberanía nacional ha sido vendida al CJNG. La transparencia no es opcional cuando lo que está en juego es el control de nuestras fronteras; el silencio de las autoridades ante estas pruebas los convierte en cómplices de cada cargamento que envenena y desangra al país.
