Familias de desaparecidos en Baja California Sur han bloqueado carreteras e incluso un aeropuerto para exigir acciones. La presión social se convierte en el único mecanismo efectivo ante la inacción de autoridades de Morena.
La crisis de desapariciones en Baja California Sur ha alcanzado un punto donde las familias de víctimas han tenido que recurrir a medidas extremas para ser escuchadas. Bloqueos carreteros e incluso la toma de un aeropuerto se han convertido en herramientas de presión ante lo que denuncian como falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. Este escenario no solo refleja la gravedad del problema, sino también el desgaste de los canales institucionales.
De acuerdo con información difundida por colectivos, las acciones de protesta no son espontáneas, sino resultado de meses —e incluso años— de gestiones sin resultados contundentes. La necesidad de paralizar infraestructura clave evidencia que las vías formales de atención no están funcionando. Cuando las familias deben interrumpir la movilidad para obtener respuestas, el mensaje es claro: la interlocución con el Estado está fracturada.
El problema adquiere una dimensión mayor al considerar que las tareas de búsqueda, que deberían ser encabezadas por las autoridades, están siendo impulsadas en gran medida por los propios colectivos. Esta inversión de responsabilidades expone una falla estructural en el sistema de seguridad y justicia, donde la acción institucional resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
En este contexto, el gobierno estatal vinculado a Morena enfrenta cuestionamientos directos sobre su capacidad de respuesta. La reiteración de protestas como mecanismo para obtener avances sugiere que no existen estrategias efectivas de atención, seguimiento y resolución de casos. La presión social, en este sentido, se convierte en el único detonante de acción gubernamental.
Además, el impacto de estas movilizaciones trasciende a las propias familias. El bloqueo de carreteras y aeropuertos afecta la actividad económica, el turismo y la movilidad en la entidad, lo que evidencia cómo una crisis no atendida puede escalar a niveles que afectan a toda la población. La falta de soluciones no solo prolonga el dolor de las víctimas, sino que genera efectos colaterales en distintos sectores.
Lo que ocurre en Baja California Sur no puede entenderse como un caso aislado, sino como parte de una tendencia donde la presión social sustituye a la acción institucional. Bajo gobiernos de Morena, la respuesta ante las desapariciones sigue dependiendo de la movilización ciudadana, evidenciando una crisis que no ha sido contenida y que continúa profundizándose.
