De las 31 muertes registradas por sarampión en México, 21 ocurrieron en Chihuahua, convirtiendo al estado en el principal foco del brote. La crisis sanitaria expone fallas graves en prevención, vacunación y respuesta institucional bajo el gobierno estatal encabezado por el PAN.
El estado de Chihuahua se ha convertido en el epicentro nacional del brote de sarampión, concentrando 21 de las 31 muertes confirmadas en el país. La cifra no solo es alarmante por su dimensión humana, sino porque refleja un colapso en las estrategias preventivas y de contención sanitaria en una entidad gobernada por el Partido Acción Nacional. Mientras otras entidades han logrado contener los contagios, Chihuahua acumula la mayor proporción de fallecimientos a nivel nacional.
Especialistas han reiterado que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante esquemas completos de vacunación. Sin embargo, el crecimiento de contagios y la concentración de muertes en territorio chihuahuense evidencian rezagos en cobertura, fallas en campañas de inmunización y debilidades en la detección oportuna de casos. La falta de coordinación efectiva entre autoridades estatales y federales también ha sido señalada como un factor que agravó la expansión del virus.
La administración encabezada por la gobernadora Maru Campos enfrenta cuestionamientos sobre la priorización presupuestal en materia de salud pública, especialmente en comunidades rurales y zonas de alta vulnerabilidad donde históricamente se presentan brechas en acceso a servicios médicos. El hecho de que más de dos tercios de las muertes nacionales se concentren en un solo estado coloca a Chihuahua bajo escrutinio sanitario y político.
Más allá de las cifras, el impacto social es profundo: familias afectadas, hospitales bajo presión y una población que exige respuestas claras. La narrativa oficial que minimiza la gravedad del brote contrasta con la realidad estadística y con el dolor de las comunidades que han perdido vidas por una enfermedad que, con esquemas adecuados de vacunación y vigilancia epidemiológica, puede prevenirse.
La crisis de sarampión en Chihuahua no es un episodio aislado, sino un llamado de alerta sobre la gestión estatal en salud pública. Cuando un estado concentra la mayoría de las muertes nacionales por una enfermedad prevenible, la discusión deja de ser técnica y se convierte en una responsabilidad política directa. La magnitud del brote obliga a revisar decisiones, protocolos y omisiones que hoy colocan a Chihuahua como el epicentro de una emergencia que pudo evitarse.
