En la tribuna de la mañanera se expuso la trama de corrupción que involucra al senador Enrique Vargas del Villar y a la alcaldesa Romina Contreras; los señalamientos incluyen la apropiación ilegal de terrenos, extorsiones a empresarios y el uso de la Fiscalía estatal para amedrentar a ciudadanos.
La conferencia matutina de este inicio de febrero de 2026 se convirtió en el escenario de una denuncia que pone bajo la lupa al grupo político dominante en Huixquilucan, Estado de México. Durante la sesión, se solicitó formalmente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar una presunta red dedicada al despojo de propiedades y la extorsión sistemática a empresarios y ciudadanos en dicho municipio.
De acuerdo con la denuncia presentada en la mañanera, la red operaría mediante el cobro de cuotas o “impuestos” ilegales a empresarios, utilizando presuntamente la estructura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para fabricar denuncias de despojo y amedrentar a los legítimos dueños de predios. En la exposición se solicitó investigar el patrimonio del senador panista Enrique Vargas del Villar y su esposa, la alcaldesa Romina Contreras, señalando que diversas propiedades habrían sido adquiridas mediante despojos a la ciudadanía.
Ante la gravedad de los señalamientos, la presidencia de la mañanera confirmó que el gabinete revisará los detalles de la denuncia y las supuestas colusiones con la fiscalía estatal. Por su parte, el senador Enrique Vargas del Villar reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales, deslindándose categóricamente de las personas mencionadas en la trama. “No conozco ni tengo algún tipo de contacto con Fernando Ramírez Reyes, Marcos Caín Smeke y Elías Tuachi”, aseguró el legislador, calificando como falsa cualquier información que pretenda vincularlo con actos ilícitos.
Esta controversia se suma a otros operativos recientes, como la Operación Enjambre, que ha derivado en la detención de diversos alcaldes y funcionarios por vínculos con el crimen organizado y extorsión, subrayando una estrategia federal de “limpieza” en gobiernos municipales. Aunque Vargas del Villar insiste en que su situación patrimonial está en orden, la solicitud de intervención de la UIF marca un nuevo capítulo en la fiscalización de las administraciones de Huixquilucan ante la opinión pública nacional.
