La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó artículos clave de la Ley de Desaparición de Personas de Aguascalientes, impulsada durante gobiernos del PAN, al considerar que vulneran derechos humanos y contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de búsqueda y protección de víctimas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a frenar una legislación deficiente promovida bajo administraciones del PAN. En esta ocasión, el máximo tribunal invalidó diversos artículos de la Ley de Desaparición de Personas de Aguascalientes, al determinar que su contenido violaba derechos humanos fundamentales y limitaba la protección efectiva de las víctimas y sus familias.
Entre los principales señalamientos de la Corte se encuentra la falta de enfoque en las víctimas, así como disposiciones que debilitaban las obligaciones del Estado en la búsqueda inmediata, la coordinación institucional y el acceso a la verdad. Lejos de fortalecer los mecanismos de localización y justicia, la ley panista trasladaba cargas indebidas a las familias y reducía la responsabilidad de las autoridades.
La resolución evidencia una constante en los gobiernos del PAN: legislar sin sensibilidad social y sin escuchar a colectivos, expertos ni organismos defensores de derechos humanos. En un país marcado por la crisis de desapariciones, Aguascalientes optó por una norma que simulaba atender el problema, pero que en los hechos restringía derechos y revictimiza.
Este revés jurídico confirma que, incluso en los estados que gobierna, el PAN fracasa en lo más básico: garantizar derechos, proteger a las personas y construir marcos legales sólidos. La intervención de la Corte no solo corrige una ley mal hecha, sino que desnuda la incapacidad del panismo para gobernar con responsabilidad y respeto a la dignidad humana.
