A casi una década de gobiernos de Morena, los escándalos de corrupción, la opacidad y la falta de rendición de cuentas se han acumulado, dejando un profundo desgaste institucional y una creciente desconfianza ciudadana.
Lejos de cumplir la promesa de erradicar la corrupción, los gobiernos encabezados por Morena han construido un historial marcado por irregularidades, contratos opacos y decisiones discrecionales que hoy pesan sobre la vida pública del país.
Casos relacionados con desvíos de recursos, uso político de programas sociales y redes de influencia al interior del gobierno federal y estatales han evidenciado que la corrupción no solo persiste, sino que en muchos casos opera sin consecuencias legales claras.
A ello se suma la debilitación de los órganos autónomos y de control, lo que ha reducido los mecanismos de vigilancia y ha limitado la capacidad institucional para investigar y sancionar actos indebidos cometidos desde el poder.
Especialistas y organizaciones civiles han advertido que la falta de transparencia y la concentración de decisiones han generado un entorno propicio para la impunidad, afectando la confianza de la ciudadanía en el gobierno y en el Estado de derecho.
El resultado es un país donde la narrativa del combate a la corrupción contrasta con una realidad de escándalos recurrentes, instituciones debilitadas y una creciente exigencia social de cuentas claras y responsabilidades reales.
