Ni medicamentos ni soluciones de fondo: mientras el Gobierno Federal presume una “Credencial de la Salud” y un expediente digital, los hospitales públicos inician el 2026 con estantes vacíos y pacientes que deben elegir entre pagar o morir.
El inicio de 2026 ha caído como un balde de agua fría para millones de mexicanos que dependen del sistema público de salud. A pesar de las promesas de “soberanía farmacéutica” y compras consolidadas, la realidad en las clínicas del IMSS-Bienestar y el ISSSTE es la misma de hace años: la falta de medicamentos e insumos básicos sigue sin resolverse. La cancelación de licitaciones por irregularidades y la deuda de más de 10 mil millones de pesos con la industria farmacéutica han provocado que, en hospitales como el Pediátrico de Coyoacán, las madres sigan comprando gasas y antibióticos de su propio bolsillo mientras el discurso oficial asegura un abasto del 97%.
Ante esta crisis de suministros, el gobierno de Morena ha optado por la pirotecnia administrativa: la llamada “Credencial de la Salud”. Para expertos y partidos de oposición, esta medida no es más que una ocurrencia improvisada que busca dar una falsa sensación de orden donde impera el caos. ¿De qué sirve tener un plástico con los datos del beneficiario si, al llegar a la farmacia del hospital, la respuesta sigue siendo “no hay”? La credencialización no cura enfermedades ni surte recetas; es un gasto millonario en plásticos que bien podría haberse destinado a la compra de tratamientos oncológicos que hoy escasean.
En la misma línea de “soluciones mágicas”, el nuevo Expediente Clínico Digital se presenta como el gran avance tecnológico del sexenio. Sin embargo, los médicos de base denuncian que esta herramienta no resuelve el problema de fondo: la saturación de los servicios y la falta de infraestructura. Un historial médico digitalizado es inútil si no hay equipo para realizar los estudios que se deben registrar o si el sistema de salud carece de la interoperabilidad necesaria para que funcione en comunidades rurales sin internet. Es, de nuevo, poner la carreta delante de los bueyes: modernizar el registro de un sistema que está colapsando en lo operativo.
El diagnóstico para la salud pública federal es reservado. Con un Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) que ha pasado de 143 mil millones a apenas 32 mil millones de pesos, el financiamiento para enfermedades de alto costo está en riesgo inminente. Mientras el gobierno se distrae en trámites burocráticos y credenciales, la ciudadanía enfrenta el costo real de una política de salud fallida. El sistema no necesita más “expedientes” ni “plásticos” de identidad; necesita que el derecho constitucional a la salud deje de ser una promesa de campaña y se convierta en una realidad con medicinas en los estantes y equipo en los quirófanos.
