La difusión de videos donde el presidente municipal de Chignahuapan aparece recibiendo un masaje en su oficina y presumiendo un fajo de billetes encendió la crítica ciudadana. Las imágenes colocaron al edil en el centro del debate sobre ética pública y uso de instalaciones oficiales.
El alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, enfrenta una ola de cuestionamientos tras la circulación de videos en redes sociales que exhiben conductas consideradas impropias para el cargo que desempeña.
En una de las grabaciones, el edil aparece dentro de su oficina, instalación pública destinada a la atención ciudadana y gestión administrativa, mientras recibe un masaje en los pies. La escena, captada y difundida ampliamente en plataformas digitales, fue interpretada por diversos sectores como un acto de frivolidad y falta de sobriedad institucional.
En otros videos, se observa al alcalde entregando regalos a su esposa mientras porta un fajo de billetes en la mano. Aunque no se ha acreditado el origen de los recursos, la exhibición de efectivo en un contexto vinculado a su investidura pública detonó señalamientos sobre la imagen que proyecta la autoridad municipal y la posible confusión entre vida privada y función pública.
Las críticas no se limitaron a la anécdota. Analistas locales y usuarios en redes cuestionaron el uso de oficinas oficiales para actividades ajenas a la gestión pública, subrayando que el ejercicio del poder exige prudencia, decoro y apego a principios de responsabilidad administrativa.
El caso cobró mayor relevancia al tratarse de un alcalde emanado de Morena, partido que ha sostenido como eje discursivo la austeridad y el combate a los privilegios en el servicio público. La incongruencia entre narrativa y conducta fue uno de los principales ejes de crítica.
Hasta el momento, no se ha informado sobre una postura formal o investigación administrativa relacionada con los hechos. No obstante, el impacto reputacional ya es evidente: la percepción de ostentación y ligereza en el ejercicio del cargo generó un fuerte rechazo ciudadano.
Más allá de la polémica mediática, el episodio abre un debate sobre límites éticos, uso de espacios oficiales y la obligación de las y los servidores públicos de conducirse con profesionalismo permanente, incluso fuera de actos protocolarios.
