Layda Sansores volvió a salir a escena para elogiar el trabajo de su Fiscal Anticorrupción, destacando investigaciones y acciones que —casualmente— siempre apuntan hacia adversarios políticos. El discurso suena firme, incluso contundente. Sin embargo, detrás del aplauso oficial se levanta una pregunta incómoda que la gobernadora evita responder: si la cruzada anticorrupción es real, ¿por qué no alcanza a los cercanos al poder?
La selectividad es el problema central. En Campeche, la justicia se exhibe como un arma política, no como un principio. Mientras se anuncian carpetas y pesquisas contra voces críticas, las sospechas que rodean a figuras del entorno gubernamental simplemente no avanzan, no se transparentan o ni siquiera se reconocen públicamente. La percepción ciudadana es clara: hay expedientes que caminan rápido… y otros que no caminan nunca.
El caso no es menor. En el debate público se mencionan nombres de funcionarios y figuras cercanas al poder estatal sobre los que existen señalamientos, cuestionamientos y exigencias de aclaración. No se trata de sentenciar culpabilidades —eso corresponde a las autoridades—, sino de exigir el mismo rasero. Si hay una fiscalía autónoma, si hay una política de “cero tolerancia”, ¿por qué no se abre la puerta a investigar también a quienes orbitan alrededor del gobierno?
El silencio oficial erosiona la credibilidad del discurso anticorrupción. Layda Sansores presume una Fiscalía “valiente”, pero la valentía se demuestra cuando se investiga hacia arriba y hacia adentro, no solo hacia afuera. Aplaudir investigaciones selectivas mientras se ignoran dudas internas convierte la lucha contra la corrupción en una puesta en escena: útil para el discurso, inútil para la justicia.
La ciudadanía observa un patrón que se repite: aplausos para el fiscal cuando actúa contra opositores; evasivas cuando se pregunta por investigaciones a cercanos. Esa dinámica no fortalece instituciones; las debilita. No construye confianza; la destruye. Y, sobre todo, instala la idea de que en Campeche la ley no es pareja, sino funcional al poder.
En cualquier democracia, la credibilidad de una fiscalía descansa en su independencia real. Cuando la titular del Ejecutivo elogia públicamente a un fiscal por perseguir a críticos y guarda silencio ante las exigencias de revisar a su propio entorno, la línea entre justicia y vendetta política se vuelve peligrosamente difusa.
La pregunta persiste y crece: ¿por qué no investigar a todos con el mismo rigor? ¿Por qué no abrir expedientes, transparentar procesos y permitir auditorías sin excepciones? Si no hay nada que ocultar, la apertura debería ser la regla.
Mientras eso no ocurra, el discurso anticorrupción seguirá sonando hueco. En Campeche, la justicia no necesita aplausos; necesita imparcialidad. Y hoy, esa imparcialidad está en duda.