El Estado de México vive una de sus peores crisis de seguridad, pero ahora el escándalo va más allá del crimen organizado: usuarios en redes sociales acusan directamente a agentes de la Fiscalía mexiquense de secuestro, robo, extorsión, amenazas y agresiones, revelando un patrón de abuso sistemático que apunta a una profunda descomposición institucional bajo el gobierno de Morena.
Las denuncias, difundidas masivamente, describen un modus operandi recurrente: automovilistas y transportistas son interceptados por presuntos agentes, intimidados, despojados de dinero, mercancía y pertenencias, y sometidos a amenazas para evitar que denuncien. No se trata de casos aislados, sino de una práctica que se repite y se normaliza, según los propios testimonios ciudadanos.
La gravedad del señalamiento es monumental. Cuando quienes deben investigar delitos y proteger a la población son señalados como perpetradores, el Estado de Derecho colapsa. La Fiscalía, pilar fundamental del sistema de justicia, aparece ahora como una institución infiltrada por la corrupción, la extorsión y el abuso de poder. El miedo ya no solo está en las calles, sino dentro de las propias corporaciones.
Lo más alarmante es el silencio absoluto del gobierno estatal. Hasta ahora, la gobernadora morenista no ha fijado postura, no ha anunciado investigaciones, ni ha ordenado operativos de supervisión. El mutismo oficial solo alimenta la sospecha de encubrimiento, negligencia o, peor aún, complicidad. La omisión se convierte así en una forma de avalar los abusos.
Mientras el gobierno calla, la ciudadanía queda atrapada entre el crimen y la autoridad corrupta. Morena prometió limpiar las instituciones, pero hoy enfrenta una de las acusaciones más graves contra su propio aparato de justicia. El silencio no es prudencia: es complicidad. Y la impunidad, una vez más, se impone sobre la verdad.
