El llamado “huachicol fiscal”, evasión de impuestos mediante importaciones irregulares de combustibles, se ha convertido en un problema estructural que impacta la recaudación y fortalece redes ilegales en el país.
Mientras el gobierno federal declaró una guerra frontal contra el robo de combustibles, una modalidad distinta ha ganado terreno: el huachicol fiscal. Se trata de la importación y comercialización de combustibles subvaluados o declarados bajo fracciones arancelarias distintas para evadir impuestos como el IEPS y el IVA.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el discurso se centró en combatir el robo físico a ductos de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, especialistas fiscales y organismos empresariales han advertido que la evasión tributaria en combustibles se convirtió en una vía paralela de pérdidas millonarias para el erario.
El esquema implica declarar combustibles como si fueran otros productos petroquímicos con menor carga impositiva o utilizar empresas fachada para fragmentar operaciones. El resultado es doble: competencia desleal para empresarios formales y debilitamiento de la recaudación pública.
Aunque autoridades federales han anunciado operativos y revisiones aduaneras, críticos sostienen que el fenómeno revela fallas en supervisión, inteligencia financiera y coordinación interinstitucional. El combate al huachicol no puede limitarse a cerrar válvulas; requiere control aduanero, trazabilidad comercial y fiscalización efectiva.
El reto para Morena no es solo mantener la narrativa anticorrupción, sino demostrar capacidad técnica para cerrar brechas fiscales que alimentan economías ilegales.
