El llamado huachicol fiscal, la importación y comercialización irregular de combustibles mediante subvaluación, evasión de impuestos y uso de permisos opacos, se ha convertido en una práctica extendida durante los gobiernos de Morena. Lejos de ser contenido, el fenómeno creció al amparo de una débil supervisión, fallas en aduanas y una política energética que permitió amplios márgenes de discrecionalidad.
El huachicol fiscal representa hoy uno de los rostros más graves de la ilegalidad en el sector energético. A diferencia del robo directo de ductos, esta modalidad opera mediante esquemas administrativos y fiscales: combustibles que ingresan al país declarados como otros productos, subvaluados o sin el pago correcto de impuestos. El resultado es el mismo: pérdidas millonarias para el Estado y una competencia desleal que distorsiona el mercado.
Durante los gobiernos de Morena, el problema no sólo no se erradicó, sino que se expandió. La falta de controles efectivos en aduanas, la reducción de capacidades técnicas y la centralización de decisiones abrieron espacios para redes que operan con alto grado de impunidad. Mientras el discurso oficial presume combate al huachicol, la variante fiscal creció silenciosamente bajo la sombra de la opacidad.
Especialistas y sectores productivos han advertido que el huachicol fiscal afecta directamente la recaudación, encarece precios finales y golpea a empresas que sí cumplen con la ley. La ausencia de sanciones ejemplares y la lentitud en las investigaciones refuerzan la percepción de tolerancia institucional, donde el problema se reconoce, pero no se enfrenta de fondo.
La contradicción es evidente: un gobierno que se presenta como defensor de la legalidad permitió que uno de los esquemas de evasión más sofisticados del país se consolidara. La falta de coordinación entre autoridades fiscales, energéticas y de seguridad convirtió al huachicol fiscal en un negocio de bajo riesgo y alta rentabilidad para quienes lo operan.
El impacto va más allá de las finanzas públicas. El huachicol fiscal erosiona la confianza en las instituciones, debilita el Estado de derecho y confirma que el combate a la ilegalidad no puede quedarse en discursos. Mientras Morena insiste en una narrativa de control, la realidad muestra un problema estructural que creció por omisión, falta de vigilancia y decisiones erráticas.
