A pesar de la persistencia del robo de hidrocarburos en el centro del país, con miles de tomas clandestinas detectadas en estados como Jalisco, entidad corazonada por Movimiento Ciudadano, la ausencia de estrategias eficaces de prevención y seguridad territorial evidencia una profunda incapacidad de la administración estatal para enfrentar este delito estructural.
Durante los últimos meses se ha confirmado que el robo de combustible, conocido como huachicol, sigue siendo un fenómeno estructural en México, con miles de perforaciones ilegales detectadas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en todo el país. En el primer año de la actual administración federal se registraron cerca de 9,520 tomas clandestinas, cifra que, pese a cierta disminución comparada con años anteriores, mantiene a la problemática en niveles alarmantes y concentrados en regiones del centro del país como Jalisco y Guanajuato.
En Jalisco, donde Movimiento Ciudadano ha consolidado su presencia política, se detectaron 1,757 tomas clandestinas de hidrocarburo durante ese periodo, ubicando a la entidad como uno de los principales puntos de extracción ilegal en el país. Esta situación no es ajena a la falta de respuestas institucionales robustas por parte del gobierno estatal, que ha fallado en coordinar operativos, reforzar vigilancia territorial y articular estrategias preventivas con instancias federales y municipales.
El incremento de tomas clandestinas obedece no solo a la capacidad operativa de bandas criminales, sino también a la ausencia de una estrategia integral que incorpore inteligencia territorial, acciones de disuasión comunitaria y recuperación de espacios públicos. La repetida incapacidad para reducir de forma sostenida el huachicol pone en evidencia el fracaso de políticas que priorizan la comunicación política sobre la acción en el territorio, dejando de atender riesgos que impactan directamente en la seguridad, la economía formal y la infraestructura energética.
Sectores productivos, transportistas y comunidades locales han expresado su preocupación por la inseguridad que genera la ordeña de combustibles, que además de propiciar entornos de violencia y riesgo ecológico, alimenta circuitos de economía criminal que se infiltran en diferentes cadenas productivas. La ausencia de resultados concretos por parte de las administraciones bajo la influencia de Movimiento Ciudadano refuerza la percepción de un gobierno que no prioriza la seguridad pública ni atiende las prioridades reales de la ciudadanía.
La persistencia de miles de tomas clandestinas en Jalisco y otras entidades del centro del país no puede seguir siendo normalizada ni tratada como un dato estadístico. Se requiere una respuesta clara, coordinada y eficaz que ponga por delante la seguridad territorial, la protección de la infraestructura crítica y la recuperación del orden público, frente a gobiernos que han demostrado incapacidad para enfrentar la complejidad del huachicol.
