Un expolicía municipal en Aguascalientes fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva tras soldar la puerta de su vivienda dejando a su esposa encerrada en su interior, en un hecho que evidencia la gravedad de la violencia familiar y la necesidad de políticas públicas eficaces de prevención y protección.
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes vinculó a proceso a Sergio “N”, ex policía municipal, por los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad, tras soldar la puerta de su casa con su esposa dentro, impidiéndole salir por varias horas en un hecho ocurrido el 19 de enero de 2026 en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.
De acuerdo con la investigación, la víctima había sufrido violencia física y psicológica de manera reiterada durante su relación, lo que derivó en un episodio extremo de control y sometimiento, tipificado como privación ilegal de la libertad por las autoridades.
Tras la denuncia, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género integró la carpeta de investigación, lo que permitió a la Fiscalía obtener una orden de aprehensión que fue cumplimentada por la Policía de Investigación Criminal. En la audiencia preliminar, el juez de control consideró suficientes los datos de prueba y dictó prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Aguascalientes.
Este caso estremeció a la ciudadanía y reavivó cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para prevenir la violencia familiar y proteger a las víctimas, especialmente cuando se trata de personas que alguna vez formaron parte de las corporaciones encargadas de la seguridad pública. La percepción de inseguridad se agrava cuando el propio aparato estatal es fuente de riesgo para quienes debieran ser protegidos.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han señalado que este tipo de hechos reflejan una falla estructural en la política de prevención social de la violencia y en los mecanismos de atención oportuna para las víctimas, más allá de la respuesta punitiva posterior. Exigen acciones integrales que aborden tanto la educación, la atención psicológica y la protección efectiva de las personas en situación de riesgo.
