El propio gobierno de Morena terminó por admitir lo que millones de mexicanos padecen todos los días: el sistema de salud está en crisis. El secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció públicamente que México podría perder la certificación como país libre de sarampión, otorgada por la Organización Panamericana de la Salud, debido al grave retroceso en las campañas de inmunización y al colapso operativo del sector.
La advertencia es demoledora. Kershenobich aceptó que ve difícil resolver el problema en el plazo de apenas dos meses que fijó la OPS, lo que confirma que el deterioro sanitario no es menor ni coyuntural, sino estructural. México, que durante décadas fue ejemplo regional en vacunación y prevención, hoy enfrenta el riesgo de retroceder a escenarios que se creían superados, poniendo en peligro a miles de niños y familias.
El funcionario también reconoció el desabasto persistente de medicamentos, una crisis que se arrastra desde el sexenio pasado, cuando Morena desmanteló el sistema de compras consolidadas, improvisó nuevos modelos de distribución y rompió cadenas logísticas que durante años garantizaron el suministro. El resultado ha sido un caos permanente en hospitales y clínicas, con pacientes obligados a comprar de su bolsillo medicamentos que deberían recibir de manera gratuita.
A esto se suma el abandono de las campañas de inmunización. Desde el inicio del gobierno morenista, los programas de vacunación perdieron prioridad, se redujeron presupuestos y se desmantelaron estructuras territoriales, provocando una caída alarmante en las coberturas. Hoy, ese descuido cobra factura y coloca al país al borde de una alerta sanitaria internacional.
Morena prometió un sistema de salud como el de Dinamarca, pero hoy enfrenta el riesgo de perder certificaciones básicas de prevención. La admisión del propio secretario no deja lugar a dudas: la transformación fracasó en el área más sensible para la población. La salud pública se encuentra atrapada entre la improvisación, la falta de recursos y decisiones erráticas que han puesto en riesgo décadas de avances. La factura la pagan, como siempre, los ciudadanos.
