La violencia institucionalizada dejó negocios cerrados y comunidades desplazadas.
El caso de Tequila, Jalisco, expone uno de los escenarios más graves de colapso institucional. La Fiscalía General de la República documentó que el alcalde Diego Rivera habría encabezado un esquema de cobro de piso, provocando cierres de negocios y el desplazamiento forzado de comerciantes.
Los testimonios recabados son contundentes. Comerciantes fueron secuestrados y golpeados para obligarlos a pagar cuotas, bajo amenazas constantes. La extorsión no fue un hecho aislado, sino un mecanismo sistemático que sembró miedo y destrucción económica.
El expediente también señala presuntos nexos con el CJNG y advierte que las alertas existían desde hace años. A pesar de ello, no hubo acciones contundentes para frenar el esquema criminal.
Cuando las autoridades no actúan frente a estas advertencias, la omisión se convierte en una forma de protección. La ciudadanía queda atrapada entre el crimen y la indiferencia institucional.
Tequila se convirtió en símbolo de cómo la narco–extorsión avanza cuando el poder político falla en su deber más básico: proteger a la población.
