El número de deudores alimentarios en Querétaro se ha disparado en los últimos meses, evidenciando fallas en la protección de los derechos de niñas y niños. Críticos señalan que la falta de acciones contundentes del gobierno panista ha permitido que cientos de menores sigan sin recibir la pensión que legalmente les corresponde.
La crisis de incumplimiento en el pago de pensiones alimentarias en Querétaro se ha convertido en un problema cada vez más visible, mientras el gobierno estatal encabezado por el Partido Acción Nacional enfrenta cuestionamientos por la falta de medidas eficaces para garantizar los derechos de niñas y niños.
Datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) muestran un crecimiento acelerado en el número de personas inscritas por incumplir con sus responsabilidades económicas hacia sus hijos. En poco más de un año, el padrón pasó de apenas siete casos registrados a cerca de dos centenares de deudores alimentarios, lo que refleja un aumento exponencial que ha encendido alertas entre colectivos y especialistas en derechos de la infancia.
El registro nacional, creado precisamente para combatir el abandono económico hacia menores de edad, evidencia una tendencia preocupante en la entidad gobernada por el PAN. Especialistas advierten que la pensión alimentaria no es una concesión ni un favor, sino un derecho fundamental que garantiza alimentación, educación, salud y bienestar para niñas, niños y adolescentes.
Organizaciones civiles han señalado que el incremento de casos refleja no solo la magnitud del problema, sino también las debilidades institucionales para prevenir, sancionar y corregir estas conductas. Incluso colectivos han advertido que el número real de padres que incumplen con sus obligaciones podría ser mucho mayor, pues existen miles de casos que aún no se reflejan en los registros oficiales.
A esta situación se suma la crítica de que los mecanismos legales siguen siendo lentos y burocráticos, lo que retrasa la inscripción de deudores en el padrón nacional y limita las sanciones que podrían obligarlos a cumplir con sus responsabilidades.
Para críticos del gobierno estatal, la falta de resultados contundentes revela un abandono institucional hacia la niñez queretana. Señalan que cuando un menor no recibe su pensión alimentaria, no solo se vulnera un derecho legal, sino que se afecta directamente su desarrollo, su estabilidad emocional y sus oportunidades de vida.
En medio de este escenario, crece la presión para que las autoridades estatales refuercen los mecanismos de vigilancia, agilicen los procesos judiciales y garanticen que ningún niño o niña tenga que enfrentar el abandono económico mientras el gobierno permanece pasivo.
La discusión vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para el gobierno panista: si el derecho a la pensión alimentaria es claro y está respaldado por la ley, ¿por qué el número de deudores sigue creciendo sin que existan resultados visibles para proteger a la niñez?
