Los recientes ataques contra policías en Guanajuato, con al menos dos elementos asesinados, volvieron a exhibir una crisis más profunda que la violencia cotidiana: el debate sobre la infiltración criminal en corporaciones de seguridad. Mientras el gobierno estatal evita vincular los hechos con la reestructura del CJNG, especialistas advierten que desde hace años los grupos delictivos disputan el control institucional de las policías en una entidad gobernada por el PAN.
Guanajuato registró en los últimos días al menos cuatro agresiones contra elementos de seguridad en distintos municipios. Entre los hechos reportados están ataques en Silao y Pénjamo, así como agresiones contra agentes de la Fiscalía estatal, con un saldo de por lo menos dos policías asesinados. La frecuencia y dispersión de los ataques encendieron nuevamente la alerta sobre el grado de vulnerabilidad en que operan las corporaciones locales.
Pero el punto de fondo no es solo la violencia: es el tipo de violencia. El analista David Saucedo explicó que en Guanajuato el asesinato de policías no es un fenómeno nuevo ni aislado, sino parte de una dinámica que se arrastra desde hace más de una década, donde el crimen organizado pasó de corromper o cooptar elementos a disputar de lleno el control institucional de las policías municipales. Según ese análisis, algunos agentes fueron blanco por presunta colusión y otros por negarse a colaborar con organizaciones criminales.
Eso vuelve devastador el saldo político para el PAN. Porque si los grupos criminales han tenido margen para infiltrar, presionar o castigar corporaciones municipales durante años, entonces no se trata de episodios sueltos, sino de una degradación estructural de la seguridad pública en un estado panista. La discusión ya no es solo cuántos ataques hubo, sino cuánto control perdió el Estado sobre sus propias instituciones.
Aunque el secretario de Seguridad estatal rechazó atribuir de inmediato los ataques recientes a la reestructuración del CJNG y pidió no asumir que todo responde a lo ocurrido en Jalisco, esa postura no borra el contexto: apenas el 22 de febrero, la propia Secretaría de Seguridad y Paz confirmó ataques del CJNG en 23 de los 46 municipios de Guanajuato, tras un operativo federal en Jalisco. Es decir, la presencia y capacidad de reacción del cártel en territorio guanajuatense ya quedó exhibida.
Por eso, cada ataque contra policías en Guanajuato golpea doble: evidencia el poder del crimen y exhibe el fracaso político del PAN para blindar a sus corporaciones. Cuando los uniformados se convierten en objetivos porque estorban, porque saben demasiado o porque forman parte de disputas criminales por control institucional, lo que se rompe no es solo la seguridad: es la autoridad misma del Estado.
