Tras la detención de 30 personas en Querétaro, el fiscal estatal aclaró que la investigación corresponde a la federación. El deslinde exhibe al gobierno del PAN en el estado, que vuelve a evadir responsabilidades en materia de seguridad.
En lugar de asumir liderazgo ante un hecho de alto impacto, el fiscal estatal salió a marcar distancia: la detención de 30 personas, dijo, es parte de una investigación federal. El mensaje es claro: el gobierno estatal encabezado por el Partido Acción Nacional prefiere señalar competencias antes que dar la cara.
El problema no es jurídico, es político. Cuando se detiene a 30 personas en un mismo operativo, la ciudadanía no quiere explicaciones técnicas sobre jurisdicción; exige claridad, coordinación y responsabilidad. Sin embargo, lo que se percibe es un gobierno que administra la narrativa para evitar costos.
Si la investigación es federal, ¿dónde estaba la inteligencia local? ¿Cuál fue el papel de las autoridades estatales? ¿Qué acciones preventivas implementó el gobierno del PAN para evitar que el problema escalara? Las preguntas se acumulan mientras las respuestas se diluyen entre comunicados y deslindes.
No es la primera vez que el PAN en Querétaro opta por la ruta cómoda del distanciamiento. La estrategia parece repetirse: cuando hay resultados positivos, se presumen; cuando hay crisis o escándalos, se atribuyen a otros niveles de gobierno.
La seguridad no se fragmenta según conveniencia política. Gobernar implica asumir costos, dar explicaciones y coordinar esfuerzos sin esconderse detrás de tecnicismos. El deslinde del fiscal no reduce la gravedad del hecho; al contrario, profundiza la percepción de un gobierno que evade.
