Vecinas y vecinos bloquearon la lateral de la autopista México–Querétaro para exigir la construcción urgente de un muro de contención en el Canal Emisor Oriente, ante el riesgo permanente que representa para la población. La protesta exhibe años de omisión, falta de planeación y abandono institucional, particularmente bajo gobiernos del PAN, que han permitido que una infraestructura crítica opere sin condiciones mínimas de seguridad.
Habitantes de comunidades aledañas al Canal Emisor Oriente realizaron un bloqueo parcial en la lateral de la autopista México–Querétaro, una de las vialidades más transitadas del país, como medida de presión ante la ausencia de respuestas de las autoridades. La exigencia es clara y concreta: la construcción de un muro de contención que reduzca los riesgos de accidentes, inundaciones y afectaciones sanitarias que por años han puesto en peligro a la población.
De acuerdo con las y los manifestantes, el canal carece de infraestructura básica de protección, lo que ha derivado en incidentes recurrentes y en un clima permanente de incertidumbre para quienes viven y transitan por la zona. Pese a tratarse de una obra estratégica para el manejo de aguas residuales, las autoridades responsables han postergado sistemáticamente las intervenciones necesarias, trasladando el costo del abandono a la ciudadanía.
El bloqueo, que afectó temporalmente la circulación, es reflejo de un hartazgo social frente a gobiernos que reaccionan sólo cuando la protesta estalla. En entidades y tramos donde el PAN ha tenido responsabilidad directa en la gestión territorial y la interlocución institucional, el discurso de orden y eficiencia contrasta con una realidad marcada por la falta de mantenimiento, prevención y planeación de largo plazo.
La omisión no es menor: un canal sin muros de contención adecuados representa un riesgo latente para la vida, la salud pública y la movilidad regional. La falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales ha derivado en parches administrativos y mesas de diálogo que no se traducen en obras concretas, mientras el peligro se mantiene intacto.
Este episodio confirma que cuando los gobiernos se desconectan del territorio, la ciudadanía se ve obligada a tomar las calles para ser escuchada. La infraestructura no puede seguir tratándose como un tema secundario ni resolverse con promesas; requiere decisiones técnicas, inversión pública y voluntad política para proteger a las comunidades.
