Consejeros advierten que el supuesto ahorro podría convertirse en un costo financiero y operativo mayor para la democracia.
La reforma electoral propuesta ha encendido alertas dentro del Instituto Nacional Electoral al contemplar la eliminación de 12,571 puestos de trabajo, equivalentes al 80% de su plantilla actual. La medida convertiría en temporales las juntas locales, debilitando una estructura que sostiene funciones permanentes más allá de los periodos electorales.
El consejero Martín Faz advirtió que el costo de las indemnizaciones masivas podría neutralizar cualquier ahorro proyectado. Liquidar a miles de trabajadores implicaría un impacto presupuestal inmediato que, según estimaciones internas, podría ser mayor al beneficio financiero anunciado.
El personal en riesgo no ocupa posiciones accesorias. Se trata de trabajadores que realizan tareas esenciales como la actualización constante del padrón electoral, la fiscalización de partidos políticos y la organización logística que permite que cada elección se lleve a cabo sin contratiempos.
Desmantelar esa estructura permanente podría dejar al Instituto sin capacidad operativa fuera de procesos electorales formales. El riesgo no es teórico: sin personal técnico especializado, el funcionamiento cotidiano del organismo se vería seriamente afectado.
La preocupación central es que una reforma presentada como ajuste administrativo termine debilitando la base operativa de la autoridad electoral. En materia democrática, los costos de una mala decisión pueden ser más altos que cualquier ahorro presupuestal.
