Diversas denuncias públicas señalan a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por actos de hostigamiento sistemático contra voces críticas, utilizando instituciones del Estado como mecanismos de presión y castigo político.
La administración encabezada por Layda Sansores enfrenta señalamientos cada vez más graves por prácticas de persecución política en contra de opositores, periodistas y personas que han expresado críticas a su gobierno. Las acusaciones apuntan a un patrón de hostigamiento que trasciende el debate público y se convierte en una estrategia de intimidación.
De acuerdo con las denuncias, el uso discrecional de instituciones estatales habría sido una constante para ejercer presión no solo sobre adversarios políticos, sino también sobre sus entornos familiares y laborales. Estas acciones han generado preocupación por el deterioro del Estado de derecho y el uso del poder público con fines de venganza personal o política.
El señalamiento más delicado radica en la presunta instrumentalización de organismos de justicia, fiscalización y control administrativo para iniciar investigaciones selectivas, auditorías o procesos que no responden a criterios técnicos, sino a intereses políticos. Este tipo de prácticas vulnera derechos fundamentales y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Las acusaciones contra Layda Sansores reavivan el debate sobre los límites del poder y la obligación de gobernar con legalidad y respeto a la pluralidad. En un contexto democrático, el uso del aparato del Estado para silenciar o castigar la crítica representa un riesgo grave para las libertades y para la convivencia política en Campeche.
