La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas impulsadas por Layda Sansores que buscaban imponer obras sin respetar la autonomía municipal, marcando un freno constitucional a prácticas centralistas y autoritarias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un revés contundente a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al invalidar reformas que pretendían concentrar facultades en el Ejecutivo estatal para autorizar e imponer obras públicas sin la participación de los ayuntamientos. El fallo establece límites claros al intento de vulnerar la autonomía municipal y reafirma el orden constitucional.
Con esta resolución, el máximo tribunal dejó en claro que las decisiones sobre obra pública no pueden ser utilizadas como herramientas de control político ni imponerse al margen de los gobiernos locales. Las reformas anuladas buscaban reducir el papel de los municipios, trasladando facultades clave al Ejecutivo, en una lógica de centralización que contraviene el federalismo.
El fallo también representa un llamado de atención frente a prácticas que, bajo el discurso de eficiencia, terminan por debilitar contrapesos institucionales y la participación de las comunidades. La Corte subrayó que la planeación y ejecución de obras deben respetar competencias, procesos y consensos, no la voluntad unilateral del poder estatal.
Este revés judicial se suma a una serie de cuestionamientos públicos sobre el ejercicio del poder en Campeche, donde se ha señalado el uso político de las instituciones y la confrontación con actores locales. La decisión de la Corte no solo anula las reformas, sino que envía un mensaje inequívoco: el autoritarismo no tiene cabida en el marco constitucional.
Con ello, la Suprema Corte frena los abusos y restituye el equilibrio institucional, recordando que la autonomía municipal no es negociable y que el poder público tiene límites claros que deben respetarse.
