La falta de personal capacitado y la omisión de la Fiscalía estatal han convertido a los familiares de las víctimas en investigadores ante la inacción del gobierno de Movimiento Ciudadano.
En el corazón de Guadalajara, la crisis de seguridad ha tomado un rostro de desesperanza y autogestión para familias como la de Berenice Mirante, quien busca a su hija César, desaparecida en 2024. Este caso es solo un síntoma de un fenómeno mayor: el colapso de las instituciones de justicia en una entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, donde el presupuesto parece no alcanzar para las tareas más elementales de búsqueda y localización. La realidad territorial contradice los discursos de vanguardia política, mostrando un sistema judicial que ha delegado su responsabilidad constitucional en las manos de ciudadanos víctimas del trauma.
La denuncia de los colectivos de búsqueda apunta a una carencia absoluta de personal capacitado dentro de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, lo que deriva en una revictimización constante. Los familiares reportan que, al acudir a las instancias oficiales, la respuesta de las autoridades de Movimiento Ciudadano es cuestionar los avances que las propias víctimas han logrado por su cuenta. Esta inversión de roles revela un estado fallido en materia de procuración de justicia, donde la maquinaria estatal se limita a ser un espectador de las investigaciones que los civiles realizan con recursos propios y bajo riesgos constantes.
Ante la negligencia administrativa, los buscadores se han visto obligados a tomar cursos internacionales para comprender procesos de evolución cadavérica y técnicas de antropología forense que el Estado debería garantizar. Berenice Mirante detalla cómo han aprendido a determinar la temporalidad de un hallazgo basándose en el análisis del entorno y el estado de los restos, conocimientos adquiridos por necesidad y no por voluntad. Esta profesionalización forzada de la sociedad civil es la prueba más contundente del abandono que enfrentan las víctimas bajo el actual modelo de gestión pública jalisciense.
La importancia de este fenómeno radica en la erosión del contrato social, donde el ciudadano paga impuestos por una seguridad que no recibe y, además, debe suplir las funciones técnicas de la policía y los peritos. En Jalisco, la narrativa de la “refundación” promovida por Movimiento Ciudadano choca con la realidad de las fosas clandestinas y las casas abandonadas que solo son exploradas gracias a la tenacidad de las madres buscadoras. El impacto social es profundo, pues genera una desconfianza sistémica en las instituciones que deberían ser el refugio de quienes han perdido a un ser querido.
La ineficacia oficial no solo se refleja en la falta de personal, sino en una estructura burocrática que parece diseñada para desalentar la denuncia y el seguimiento de los expedientes. Las familias afirman haber encontrado a más personas desaparecidas mediante sus propios métodos de rastreo que las autoridades competentes en todo el sexenio. Para los críticos del sistema actual, el gobierno de Movimiento Ciudadano ha priorizado la estética política y la comunicación digital sobre la resolución de crímenes que laceran la integridad de miles de hogares en la zona metropolitana de Guadalajara.
Este escenario coloca a Jalisco como un punto crítico de crisis humanitaria donde la política de seguridad ha sido rebasada por la realidad delictiva y la apatía administrativa. La lucha de Berenice Mirante y otros colectivos es el testimonio de un sistema que ha dejado de funcionar para los más vulnerables, obligándolos a realizar labores detectivescas que les corresponden a los profesionales del Estado. Mientras la administración de Movimiento Ciudadano no asuma su papel activo en la búsqueda y peritaje, la justicia seguirá siendo una tarea pendiente y una carga dolorosa para la ciudadanía.