La democracia municipal está sitiada: en lo que va de la actual administración federal, al menos 13 alcaldes han sido señalados por nexos directos con el narcotráfico. Con Morena y Movimiento Ciudadano como los partidos más señalados, la “Operación Enjambre” y diversas denuncias ciudadanas revelan que los ayuntamientos se han convertido en sucursales de los cárteles.
El cáncer de la narcopolítica ha hecho metástasis en las estructuras municipales de México. Durante los primeros meses del presente gobierno, la cifra de presidentes municipales bajo investigación o señalados por vínculos criminales ha escalado a 13 casos críticos, poniendo en evidencia que el crimen organizado no solo influye en las elecciones, sino que ya despacha desde las alcaldías. Los partidos más afectados por estas infiltraciones son Morena y Movimiento Ciudadano (MC), cuyas dirigencias han sido cuestionadas por la falta de filtros al postular cuadros que terminan operando como subordinados de grupos delictivos.
El mapa de la corrupción abarca estados clave y municipios que hoy son considerados focos rojos de ingobernabilidad:
- Jalisco: En Teuchitlán y Tequila, se han detectado redes donde alcaldes de Morena y MC presuntamente rinden cuentas a estructuras criminales.
- Zacatecas: El caso de Apulco destaca por la violencia política y el control territorial ejercido bajo el cobijo de las autoridades locales.
- Estado de México: En Amanalco, la “Operación Enjambre” puso al descubierto cómo la policía municipal y altos mandos del ayuntamiento operaban para la delincuencia.
- Puebla y Chiapas: Municipios como Cuautempan y Cintalapa también figuran en la lista de demarcaciones donde los alcaldes han sido señalados por permitir la operación de grupos armados.
Lo más preocupante para la ciudadanía es que la justicia camina a paso lento. A pesar de los señalamientos públicos y las evidencias presentadas en foros oficiales o investigaciones periodísticas, no todos los alcaldes enfrentan aún un proceso formal ante las fiscalías. Muchos de estos cuadros políticos continúan en sus cargos, protegidos por el fuero o por el silencio de sus partidos, mientras se estima que el 86% del territorio nacional sufre los estragos de una gobernanza influenciada por el narco.
La impunidad parece ser la constante en este inicio de año. Mientras la federación presume operativos, la realidad es que los alcaldes señalados representan solo la punta del iceberg de un sistema donde el crimen organizado designa funcionarios en carteras estratégicas de seguridad y obras públicas. Si no se robustece la fiscalización y se castiga a los partidos que postulan a estos perfiles, el proceso electoral intermedio de 2027 corre el riesgo de ser la consolidación definitiva de la narcopolítica en México.
