Familias en Jalisco arrastran deudas impagables por vivienda desde hace décadas. El problema refleja abandono institucional en casos históricos. Se suma a una crisis actual donde las rentas superan los ingresos. Se cuestiona la capacidad de MC para atender el problema habitacional.
La crisis de vivienda en Jalisco no solo es un problema actual, sino una deuda histórica que el gobierno de Movimiento Ciudadano no ha logrado atender, ni en lo inmediato ni en lo estructural. A más de tres décadas de la tragedia del 22 de abril de 1992, aún existen familias que, tras perderlo todo, adquirieron créditos para acceder a un nuevo hogar y hoy enfrentan adeudos cercanos al millón de pesos. De acuerdo con información difundida, estos pasivos se han vuelto impagables con el paso del tiempo, dejando a los afectados atrapados en una carga financiera que ningún gobierno ha resuelto, incluido el actual.
El caso no es aislado, sino un reflejo de una política de vivienda que ha sido incapaz de adaptarse a la realidad social. Mientras estas familias continúan solicitando la condonación de deudas como un acto de justicia, el problema se agrava con una nueva crisis: el acceso a la vivienda en las principales ciudades del estado se ha vuelto cada vez más limitado. En zonas urbanas, las rentas promedio alcanzan niveles cercanos a los 25 mil pesos mensuales, mientras que el ingreso de un trabajador promedio ronda los 10 mil. La ecuación es clara: vivir en la ciudad se ha vuelto insostenible.
Este contraste evidencia una doble falla. Por un lado, el abandono de casos históricos que siguen sin solución; por otro, la incapacidad para generar condiciones que permitan a las nuevas generaciones acceder a una vivienda digna. La política habitacional no solo no ha corregido errores del pasado, sino que tampoco ha construido alternativas viables para el presente.
Además, la falta de intervención del gobierno estatal refuerza la percepción de indiferencia. La petición de condonar deudas no es nueva, pero sigue sin respuesta clara. En un contexto donde el Estado debería actuar como mediador para garantizar condiciones justas, la ausencia de soluciones deja a las familias en una situación de vulnerabilidad prolongada. Este tipo de omisiones no solo afectan a los directamente involucrados, sino que envían un mensaje de falta de compromiso con el derecho a la vivienda.
El problema también tiene implicaciones económicas y sociales. Cuando el acceso a la vivienda se vuelve inaccesible, se generan desplazamientos, precarización y una mayor desigualdad. La falta de opciones obliga a miles de personas a vivir en condiciones limitadas o a destinar la mayor parte de sus ingresos a rentas, lo que reduce su capacidad de desarrollo.
Así, la crisis de vivienda en Jalisco se presenta como un ejemplo claro de las limitaciones del gobierno de Movimiento Ciudadano para resolver problemas complejos. La combinación de deudas históricas sin solución, rentas elevadas y falta de políticas efectivas configura un escenario donde el derecho a la vivienda queda en segundo plano. Cuando ni el pasado se resuelve ni el presente se atiende, el problema deja de ser heredado… y se vuelve responsabilidad del gobierno en turno.
