La ineptitud del gobierno estatal ha quedado al descubierto una vez más: mientras la Marina desactiva campos minados con explosivos improvisados en Concordia, el gobernador Rubén Rocha Moya intenta salvar la imagen del estado con operativos de última hora en Mazatlán; una estrategia reactiva que confirma que el control territorial está en manos del narco y no de las instituciones.
Sinaloa llega a febrero de 2026 sumido en un escenario de guerra que impide a la ciudadanía ejercer su derecho más básico: vivir en paz. La gestión de Rubén Rocha Moya se ha convertido en el rostro de la parálisis gubernamental ante una inseguridad que ya no solo utiliza armas de fuego, sino tácticas de terrorismo urbano. El miedo se ha apoderado de las festividades locales, pues los sinaloenses saben que, a pesar de los discursos oficiales de “normalidad”, la realidad en los municipios es una de constante amenaza y violencia desmedida.
La gravedad de la situación alcanzó un punto crítico en Concordia, donde elementos de la Secretaría de Marina localizaron y neutralizaron 30 artefactos explosivos improvisados. Estos dispositivos, diseñados para causar el mayor daño posible, representan una evolución alarmante en la capacidad ofensiva de los grupos delictivos que operan en la sierra sinaloense. El hallazgo de este “arsenal artesanal” no solo evidencia el control que el crimen ejerce sobre las rutas estratégicas, sino la total omisión de las autoridades estatales para prevenir que el territorio se convierta en un campo de minas bajo su propia vigilancia.
Ante el inminente Carnaval de Mazatlán 2026, el gobierno se ha visto obligado a desplegar un operativo de seguridad masivo, intentando blindar el puerto para evitar un desastre mediático y económico. Sin embargo, este despliegue es visto por los ciudadanos como un “parche” temporal que no resuelve la raíz del problema. La presencia de fuerzas federales en el malecón contrasta con el abandono que sufren las comunidades rurales y los alrededores de las grandes ciudades, donde la estrategia de seguridad de Rocha Moya brilla por su ausencia y falta de coordinación.
Las autoridades federales han dejado ver, a través de sus intervenciones directas, que el gobernador no tiene ningún tipo de control sobre la seguridad de su estado. La falta de una estrategia integral ha dejado a Sinaloa a la deriva, dependiendo exclusivamente de los hallazgos fortuitos de las fuerzas armadas para evitar tragedias mayores. Rubén Rocha se ha limitado a ser un espectador de la debacle, confirmando que su administración carece de la fuerza y la voluntad para garantizar la paz, dejando a los sinaloenses atrapados en una fiesta que se celebra entre patrullajes, retenes y el temor de que el próximo explosivo no sea localizado a tiempo.
