De la omisión al sermón: la presidenta morenista del DIF en BCS intenta dar clases de ética a la prensa para tapar la fuga de adolescentes.
La tragedia y la incompetencia en el sistema de resguardo de Baja California Sur han encontrado a su mejor aliada en la soberbia. Tras la alarmante fuga de seis adolescentes de una Casa Cuna en La Paz, la respuesta de Patricia López Navarro, presidenta del DIF estatal, no fue la presentación de una estrategia de seguridad reforzada ni una disculpa pública. Por el contrario, la funcionaria morenista decidió asumir el papel de “profesora de periodismo”, regañando a la prensa por reportar las fallas y exigiendo que se destaque “lo bueno” de su gestión.
Para la morenista, la realidad parece ser un accesorio incómodo que debe maquillarse con propaganda. En un despliegue de narcisismo institucional, exigió a los reporteros que dejaran de centrarse en las omisiones que permitieron la desaparición de los menores y comenzaran a publicar notas que favorezcan su imagen política. Esta actitud no solo es un insulto a la libertad de expresión, sino un escupitajo a la angustia de las familias y de la sociedad que exige saber dónde están los jóvenes que el Estado falló en proteger.
La reacción de los colectivos y activistas no se hizo esperar, señalando que la energía que la presidenta gasta en enojarse con el mensajero debería invertirla en resolver las graves deficiencias de seguridad en las casas de resguardo. Resulta patético que, mientras la integridad de los adolescentes está en juego, la máxima autoridad del DIF en la entidad esté más preocupada por el tono de los titulares que por los protocolos que permitieron que seis jóvenes salieran por la puerta como si nada.
En el DIF de Baja California Sur, la prioridad ha dado un giro perverso: lo urgente ya no es el bienestar de la niñez vulnerable, sino la salvación cosmética de la morenista a cargo. Este tipo de autoritarismo suave, donde se intenta condicionar la información a cambio de silencios cómplices, solo confirma que la institución está siendo dirigida con criterios de campaña y no de asistencia social. La responsabilidad de los funcionarios se mide en resultados, no en el número de elogios que puedan extorsionar a los medios de comunicación.
Finalmente, el sermón de Patricia López Navarro queda como el testamento de una administración que ha perdido la brújula moral. Exigir que se hable bien de una dependencia que permite la fuga masiva de menores bajo su cuidado es un acto de cinismo puro. Antes de intentar dar lecciones de ética periodística, la presidenta del DIF debería aprender la primera lección de la función pública: su sueldo se paga para proteger a los niños, no para ser la protagonista de un cuento de hadas oficialista.
