El senador poblano Néstor Camarillo vuelve a estar en el centro de la conversación pública por los señalamientos que lo persiguen desde su gestión como alcalde de Quecholac, en el llamado “Triángulo Rojo”. Las acusaciones sobre presuntos vínculos con redes de huachicol y su posterior cambio a Movimiento Ciudadano reactivan el debate sobre su trayectoria política.
En Puebla, el nombre de Néstor Camarillo no se menciona sin polémica. Las acusaciones que lo acompañan desde su paso por la alcaldía de Quecholac resurgen cada vez que el tema del huachicol vuelve a la agenda pública.
En 2018 se difundieron informes filtrados, atribuidos a instancias de seguridad federal, donde se le señalaba en el contexto de presuntas redes de protección política a grupos dedicados al robo de combustible. En esos documentos se hacía referencia a Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Toñín”, identificado como líder de “Los Bucanas”, organización asociada al control del huachicol en la región. Aunque esas menciones no derivaron en procesos judiciales concluyentes en su contra, el señalamiento fue suficiente para que parte de la opinión pública comenzara a etiquetarlo como narcopolítico.
Durante los años en que encabezó el gobierno municipal, Puebla se colocó entre los estados con mayor número de tomas clandestinas en ductos de Pemex. Municipios como Quecholac, Acatzingo y Palmar de Bravo concentraron cientos de perforaciones ilegales anuales. En ese entorno, distintas publicaciones apuntaron a presuntos vínculos entre autoridades locales y redes criminales, incluyendo supuesta colaboración con mandos policiales. Camarillo negó reiteradamente cualquier relación con actividades ilícitas.
El punto de quiebre llegó en 2017, cuando disputas internas entre grupos dedicados al huachicol derivaron en enfrentamientos con fuerzas federales y en un clima de violencia que posicionó a Quecholac como símbolo del conflicto entre crimen organizado y Estado. La tensión social y política dejó huella en la región.
Con el paso del tiempo, la influencia de actores ligados a esa economía ilegal continuó marcando la dinámica electoral del municipio. Familiares de “El Toñín” obtuvieron candidaturas y cargos públicos, y el proceso electoral de 2024 estuvo acompañado de confrontaciones y un hecho violento de alto impacto que sacudió nuevamente a la zona.
En paralelo, la carrera política de Camarillo dio un giro con su salida de su anterior fuerza política y su incorporación a Movimiento Ciudadano. Para sus críticos, el cambio fue interpretado como un movimiento estratégico ante el desgaste acumulado a un partido que le permita seguir con sus malas prácticas; para él, una redefinición legítima de su proyecto público.
Lo cierto es que la suma de señalamientos, las preguntas sobre su patrimonio y el contexto de violencia en el territorio que gobernó mantienen abierto el escrutinio. Aunque no existen sentencias firmes que lo condenen por los hechos mencionados, la discusión pública no se ha cerrado.
En una entidad donde el huachicol dejó profundas cicatrices, la relación entre poder político y crimen organizado sigue siendo una herida sensible. Y cada antecedente vuelve a examinarse cuando se trata de quienes hoy ocupan un escaño en el Senado.
