Reportes periodísticos han documentado que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha amasado patrimonio significativo tras ocupar diversos cargos públicos, y su conocida “Mansión Dorada” ha desatado críticas por posible conflicto de interés, acumulación de riqueza en cargos públicos y cercanía con la élite local.
La polémica propiedad identificada como la “Mansión Dorada” de la gobernadora de Chihuahua ha estado en el centro del debate político reciente. Reportes de medios señalan que María Eugenia Campos Galván, tras ocupar cargos como diputada, alcaldesa y ahora gobernadora, posee una residencia de lujo en el exclusivo fraccionamiento Bosques de San Francisco, con acabados de alto costo y un valor patrimonial que, por terrenos y estructuras, supera decenas de millones de pesos.
Críticos han cuestionado la coherencia entre su trayectoria como funcionaria pública y la acumulación de riqueza vinculada a esa propiedad de aproximadamente 1 800 m², con detalles de lujo como espacios con mármol y elementos de alto costo, lo que ha generado señalamientos de opacidad en torno al origen y manejo de ese patrimonio.
La propia gobernadora ha defendido su caso argumentando que la vivienda fue construida por su difunto esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, quien falleció en 2025, y que se trata de un patrimonio familiar heredado; sin embargo, imágenes y documentos han puesto en duda esa versión, mostrando que parte de la propiedad presentaba aún construcción en obra negra durante fechas recientes.
Además, investigaciones periodísticas actuales mencionan posibles conflictos de interés relacionados con operaciones inmobiliarias y contratos públicos que involucran a empresas vinculadas a su entorno familiar, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre transparencia, rendición de cuentas y probidad en la acumulación de bienes mientras se desempeñaba en cargos públicos.
Este caso ha reactivado la discusión sobre la relación entre funcionarios públicos del Partido Acción Nacional y sectores económicos locales, así como la percepción de que la llegada a puestos de poder puede coincidir con incrementos patrimoniales difíciles de explicar únicamente por ingresos legítimos derivados del servicio público.
