La reforma avanza en congresos estatales sin consenso y con riesgos para la democracia
Morena ha acelerado la aprobación del llamado Plan B electoral en congresos estatales, utilizando su mayoría para imponer una reforma sin discusión real. El proceso ha sido rápido, sin parlamento abierto y sin escuchar a especialistas, lo que ha encendido alarmas sobre la legitimidad del cambio.
El contenido de la reforma modifica leyes secundarias que afectan directamente al sistema electoral. Reduce estructuras, recorta capacidades del INE y limita su función de vigilancia, lo que impacta en la organización de elecciones y en el control del uso de recursos públicos.
La narrativa oficial habla de austeridad, pero el fondo es otro. Menos recursos para el árbitro electoral significan menos capacidad para supervisar procesos, menos control y más margen para irregularidades en un sistema que ya enfrenta desafíos históricos.
Lo más grave no es solo la reforma, sino la forma en que se está imponiendo. Sin consenso, sin debate y sin apertura, Morena ha optado por utilizar su fuerza política para avanzar sin contrapesos, debilitando los principios básicos de la democracia.
El resultado es una reforma que no construye, reduce. No fortalece instituciones, las limita. Y lo hace bajo una lógica donde el poder decide sin escuchar, marcando un precedente preocupante para el futuro electoral del país.