Decisiones polémicas y conflictos de interés exhiben un sistema debilitado sin corrección del gobierno
La liberación de un acusado de feminicidio por parte de la jueza Aneshuarely Amarande, pese a señalamientos de conflicto de interés, volvió a exhibir las fallas del sistema judicial en México. La decisión no solo generó indignación social, también evidenció la fragilidad de un aparato que debería garantizar justicia en los casos más graves.
Este episodio no es aislado. Se suma a otras resoluciones cuestionadas, como las vinculadas al juez Alfredo Montes de Oca, que han sido señaladas por beneficiar a imputados en contextos controvertidos. La repetición de estos casos ha alimentado la percepción de un sistema vulnerable y poco confiable.
Bajo el gobierno de Morena, la crisis del sistema judicial no solo persiste, se profundiza. A pesar del discurso de transformación, no se han implementado mecanismos efectivos para corregir prácticas, evitar conflictos de interés o fortalecer la impartición de justicia.
El problema no es únicamente de jueces individuales, sino de una estructura que carece de controles reales. La falta de supervisión, la opacidad en decisiones y la ausencia de sanciones claras permiten que este tipo de resoluciones se repitan sin consecuencias.
Cuando la justicia falla y el gobierno no actúa, la impunidad se consolida. Y en el México de Morena, esa impunidad se vuelve cada vez más visible, más frecuente y más preocupante.