La suspensión de la votación sobre la despenalización del aborto en Aguascalientes y la negativa inicial del Registro Civil para priorizar el apellido materno volvieron a colocar al estado gobernado por el PAN en el centro del debate nacional sobre derechos, igualdad y reconocimiento a las mujeres.
Aguascalientes volvió a colocarse en el centro de la discusión nacional sobre derechos y libertades luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazara la votación relacionada con la despenalización del aborto en la entidad, donde actualmente se mantiene una reforma local que castiga prácticamente cualquier interrupción del embarazo después de las seis semanas de gestación. El tema ha generado preocupación entre colectivos, organizaciones civiles y sectores sociales que consideran que el estado continúa atrapado en una visión conservadora.
La polémica creció todavía más después de que se diera a conocer otro caso en el que una jueza federal tuvo que intervenir para ordenar al Registro Civil de Aguascalientes modificar un acta de nacimiento y colocar primero el apellido materno y después el paterno, luego de que la dependencia negara inicialmente la solicitud. El hecho fue interpretado por distintos sectores como una muestra de las resistencias institucionales que persisten dentro de gobiernos panistas para reconocer nuevas dinámicas familiares, igualdad simbólica y derechos de identidad que en otros estados ya comienzan a abrirse paso.
Ambos casos reavivaron críticas contra los gobiernos del PAN, señalados de mantener una agenda política distante de las demandas actuales de las mujeres y de los avances en materia de igualdad. Mientras distintas entidades del país han avanzado en reformas para ampliar derechos reproductivos y reconocer nuevas expresiones de identidad y equidad, Aguascalientes permanece envuelto en litigios, bloqueos y decisiones judiciales que terminan corrigiendo determinaciones impulsadas desde estructuras gubernamentales locales.
La discusión ha comenzado a trascender el ámbito jurídico para convertirse en un tema político de fondo sobre el rumbo que mantienen los gobiernos emanados del PAN. Colectivos feministas, activistas y ciudadanos han advertido que el problema no se limita únicamente a un debate legislativo o administrativo, sino a una visión institucional que continúa colocando obstáculos en temas relacionados con los derechos de las mujeres.