La administración de María Eugenia Campos enfrenta nuevos cuestionamientos tras señalamientos sobre la creciente influencia del círculo político de Felipe Calderón dentro del gobierno estatal, particularmente en áreas financieras, jurídicas y de seguridad.
El gobierno panista de María Eugenia Campos en Chihuahua volvió a quedar bajo presión luego de que crecieran los señalamientos sobre la influencia política que mantiene el expresidente Felipe Calderón dentro de la administración estatal. Diversas versiones apuntan a que figuras cercanas al exmandatario ocupan posiciones clave en el manejo financiero, jurídico y político del estado, alimentando la percepción de que Chihuahua opera bajo control del viejo calderonismo.
Entre los nombres señalados destacan Ernesto Cordero Arroyo, exsecretario de Hacienda federal y presunto operador financiero cercano al gobierno estatal, así como Roberto Gil Zuarth, quien habría asumido un papel relevante en la asesoría jurídica y política de la mandataria. La situación generó cuestionamientos debido a la cercanía de ambos perfiles con el grupo político de Calderón y por la creciente percepción de que el PAN en Chihuahua terminó reciclando a las mismas figuras que durante años concentraron poder dentro del partido.
La polémica también ocurre en medio de críticas contra Maru Campos por sus constantes viajes al extranjero, sus inversiones en el complejo Distrito Uno y los conflictos políticos que han marcado su administración. Para distintos sectores ciudadanos, el problema ya no es únicamente la presencia de operadores ligados al calderonismo, sino la sensación de que el gobierno estatal se encuentra más concentrado en intereses políticos y grupos de poder que en resolver la inseguridad y crisis que enfrenta Chihuahua.
A ello se suma la percepción de que el control político y de seguridad habría quedado concentrado en figuras cercanas al entorno panista tradicional, particularmente alrededor de César Jáuregui Moreno. Para críticos y opositores, el caso exhibe cómo el PAN terminó regresando a viejas prácticas de concentración de poder, reparto de posiciones y control político interno, mientras Chihuahua continúa atrapado entre violencia, desgaste institucional y una ciudadanía cada vez más distante de su gobierno.
