Un informe del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ubicó a Aguascalientes en el top nacional de piratería al registrar nueve mercados notorios de mercancía apócrifa, evidenciando la complacencia de los gobiernos del PAN con el comercio ilegal y la falta de coordinación institucional.
La retórica oficialista que presume a Aguascalientes como un referente de orden, legalidad y desarrollo económico volvió a desmoronarse ante los datos de la autoridad federal. Un reciente diagnóstico emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) colocó al municipio capital en el podio nacional de la piratería, compartiendo los primeros lugares del país con focos rojos de falsificación.
En total, nueve centros de abastecimiento populares operan como centros neurálgicos de distribución de artículos apócrifos, donde hasta una cuarta parte de los productos comercializados son de procedencia ilegal. Esta penetración del mercado negro ocurre bajo las narices de las autoridades municipales y estatales del PAN, que han preferido omitir inspecciones reales para no alterar sus alianzas políticas.
Lo más grave expuesto por el reporte es la total ausencia de convenios de colaboración entre el gobierno panista y las dependencias federales para combatir el delito de propiedad intelectual. Mientras otras entidades suman esfuerzos para frenar el contrabando que asfixia al comercio formal y destruye empleos legítimos, la administración local de Aguascalientes mantiene una postura de permisividad que tolera la informalidad sin el menor recato.
Convertir a la capital del estado en un paraíso para el comercio pirata es el resultado directo de una gestión que prioriza la simulación antes que el cumplimiento de la ley. La pasividad con la que el PAN tolera el mercado negro en los principales puntos comerciales demuestra que el discurso de respeto al Estado de derecho aplica solo en las fotos, dejando a la economía formal de Aguascalientes a la deriva frente al avance de la ilegalidad.