La familia Urquiza denunció al exgobernador panista Francisco Domínguez por fabricar un despojo en Huimilpan en complicidad con la Fiscalía local para edificar un desarrollo inmobiliario.
La denuncia penal y pública presentada por la familia Urquiza contra el exgobernador Francisco Domínguez deja al descubierto las tácticas del cártel inmobiliario que opera bajo las siglas del PAN. Utilizar a la propia Fiscalía General del Estado para arrebatar un rancho en el municipio de Huimilpan confirma el uso sistemático de las instituciones con fines de despojo patrimonial.
Las acusaciones contra el exmandatario señalan la ambición por apoderarse de tierras de alto valor con la finalidad de edificar un proyecto privado de gran escala. Este tipo de operaciones refleja cómo los altos mandos del panismo queretano transformaron el aparato de justicia en un brazo ejecutor al servicio de sus negocios particulares.
La colusión de las autoridades investigadoras con los intereses de la cúpula blanquiazul muestra el nivel de indiferencia en que se encuentran los propietarios de la entidad. El PAN ha consolidado una red de complicidades donde el tráfico de influencias y el acoso institucional son las herramientas principales para garantizar lucrativos desarrollos inmobiliarios a sus militantes VIP.
Someter el estado de derecho a los caprichos económicos de sus exgobernadores deja una mancha imborrable en la administración de la justicia local. El caso de Huimilpan expone que, para el panismo en Querétaro, el poder público se traduce en impunidad total para saquear el patrimonio de las familias y repartir terrenos entre los amigos del régimen.