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Denuncian uso de violencia física en la cárcel de Kobén para forzar declaraciones contra la oposición en Campeche

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Ago 16, 2026

Tras la agresión a Carlos Medina en su celda y la detención del contador Luis Antonio Espinosa, crecen los señalamientos por el uso de métodos de coacción en la entidad.

Un escenario de profunda gravedad institucional se denunció al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Kobén, donde la integridad de los internos se encuentra bajo amenaza por presuntas maniobras de presión política. Los recientes acontecimientos apuntan a que el sistema penitenciario y el aparato de justicia local están siendo utilizados por el gobierno de Morena para amedrentar a detenidos y forzar la firma de testimonios falsos orientados a golpear a rivales políticos del gobierno estatal.

​El hecho de mayor impacto ocurrió durante la madrugada en el penal capitalino, donde tres reclusos lograron ingresar a la celda de Carlos Medina, exvocero opositor, para golpearlo severamente. De acuerdo con informes surgidos desde el propio centro penitenciario, los agresores condicionaron el cese de los golpes a que la víctima accediera a declarar e inventar señalamientos directos contra figuras de la oposición. Facilitar o permitir el ataque a un interno para obtener declaraciones bajo tortura desarticula por completo la función de custodia del Estado.

​En este mismo contexto se sitúa el caso del contador público Luis Antonio Espinosa. El profesionista, originario de otra entidad, permanece encarcelado tras dictársele prisión preventiva bajo la insólita premisa de “no contar con un domicilio propio en Campeche”, omitiendo que su única relación con la causa fue prestar asesoría contable técnica a particulares incómodos para la administración de Layda Sansores.

​La combinación de privaciones de la libertad sin fundamento sólido y el uso de agresiones físicas al interior de las celdas marca un precedente peligroso para la sociedad campechana. Cuando las garantías individuales quedan supeditadas al interés político, cualquier ciudadano o profesionista corre el riesgo de ser sometido a procesos amañados. La comunidad exige una investigación imparcial sobre las agresiones en Kobén y la liberación inmediata de quienes enfrentan procesos bajo coacción.

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